El leasing es un instrumento de financiación de bienes de capital mediante el cual una entidad financiera transfiere a un tomador o cliente la tenencia de un bien a cambio del pago de un canon. En otras palabras, el banco adquiere un bien en función de las necesidades del cliente y, con un pago periódico mediante, le traslada su uso.
Esta descripción es similar a la de un contrato de alquiler, pero con una pequeña gran diferencia: su carácter de instrumento financiero. Es que, al finalizar la operación, el tomador tiene la posibilidad de comprar el bien que ha estado utilizando a un precio previamente pactado en el contrato, o sea, antes del pago de la primera cuota.
El principal beneficio, entonces, es que posibilita transformar un gasto en una inversión. Si al final del último pago el cliente decide comprar el bien, el “alquiler” habrá sido en realidad un mecanismo de financiamiento.
Las opciones de bienes que pueden ser objeto de leasing son muchas: automóviles, pick ups, camiones, autoelevadores, motos, pero también maquinaria vial y agrícola. Otra posibilidad es acceder a equipos de computación e, incluso, industriales.
En una economía marcada por la inflación, quienes optan por este tipo de herramienta y utilizan la opción de compra tienen en cuenta, entre otras cosas, la ventaja que representa tener un precio pactado por contrato con meses de anticipación.
El contrato de leasing o arrendamiento financiero cuenta con varias ventajas y desventajas para el contratante. Los principales usuarios del sistema son PyMES, ya que es una forma de financiación muy ventajosa por la que se puede usar el bien y decidir después de unos años o meses si, finalmente, se quiere comprar o no.
Las ventajas se pueden resumir en los siguientes puntos:
En el caso de los beneficios fiscales del leasing, deben cumplirse una serie de requisitos que pasan por que sean bienes afectos a la actividad, es decir, que se usen en el negocio. Además, desde un punto de vista formal, el contrato debe incluir la opción de compra y tener una duración mínima de dos años para bienes muebles y de 10 años para bienes inmuebles. Por último, las cuotas deben figurar expresamente en la transacción y diferenciar entre la recuperación del coste del bien y la carga financiera e incluir el correspondiente IVA. Si se cumplen estas condiciones, los intereses serán un gasto íntegramente deducible.
Pero no todo son beneficios. El leasing tiene sus inconvenientes. Estos son los más importantes que debes conocer:
Como puede notarse, las ventajas exceden largamente a las inconveniencias de este contrato. Es una muy buena opción para la renovación de equipos, maquinarias o vehículos productivos con cierta rapidez y bajo costo de reposición mediante una cuota mensual. En la mayoría de los casos es mucho más interesante, al término del convenio, devolver el bien y adquirir otro más avanzado tecnológicamente, ya que de esta manera las empresas, sobre todo las PyMES, pueden acceder al recambio que mencionamos.
El leasing para entidades públicas se utiliza comúnmente para la adquisición de bienes y equipos costosos, como vehículos, maquinarias, informáticos, entre otros. Esta forma de financiación es conveniente para los organismos públicos, ya que no requiere una inversión inicial significativa y permite la obtención de capitales y dispositivos necesarios para el funcionamiento de la entidad sin afectar su presupuesto.
Es valioso destacar que esta operación, en Argentina, debe cumplir con los requisitos y regulaciones establecidos por la legislación nacional, incluyendo la Ley de Contrataciones del Estado y el Código Civil y Comercial de la Nación.
En Argentina, el leasing para entidades públicas está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 19.886) y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley Nº 25.184). Estas leyes establecen los procedimientos, requisitos y limitaciones para la contratación de leasing por parte de los organismos públicos en el país.
Según la Ley Nº 19.886, las entidades públicas pueden contratar leasing en el marco de un proceso de licitación pública, garantizando la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los postores. Además, se establecen requisitos para la evaluación de las ofertas, como la verificación de la solvencia financiera de las empresas, la comprobación de la disponibilidad de los bienes a ser arrendados y la valoración de los costos y la viabilidad del proyecto.
La Ley Nº 25.184 establece que los contratos de leasing pueden ser utilizados por entidades públicas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la contratación de servicios relacionados con la gestión de los capitales adquiridos. Además, esta ley regula la duración de los contratos de leasing y las obligaciones de las partes, incluyendo la obligación de la entidad pública de pagar las cuotas mensuales y el compromiso del arrendador de mantener y reparar los bienes durante el período de arrendamiento.
En resumen, la legislación en Argentina establece los procedimientos y requisitos para la contratación de leasing por parte de entidades públicas, garantizando la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los postores, y regula las obligaciones de las partes en el contrato.