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UNA VEZ MÁS EL ÁRBOL TAPÓ EL BOSQUE
Bahía Blanca no ha sido ajena, durante los últimos años, al "boom" de la construcción que se produjo en el país. Esta actividad, generadora de mano de obra y verdadera motorizadora de la economía, si bien tiene una inercia mayor que otras, una vez puesta en marcha moviliza una gran cantidad de rubros y, con sus productos, modifica el perfil urbano de una ciudad.

Desde la crisis económica del 2002, la construcción ha venido teniendo una participación importante en la recuperación de la economía del país, y si bien hoy pareciera que padece un amesetamiento, es probable y deseable que su nivel de actividad se mantenga por varios años. Particularmente en Bahía Blanca, este crecimiento del sector se manifestó con la concreción de numerosos proyectos constructivos de una tipología que aprovechaba los premios que existían en su Código de Edificación, materializándose en edificios de planta baja y tres pisos de departamentos funcionales, de uno y dos dormitorios. Estos emprendimientos se ubicaron, en su mayoría, en un sector de la ciudad cercano a las universidades y al Parque de Mayo, pues allí se concentraba la mayor demanda de estas unidades habitacionales.

Casi sin darnos cuenta, la ciudad fue cambiando su fisonomía y barrios caracterizados por construcciones de viviendas unifamiliares pasaron a tener, en prácticamente todas las manzanas, varios edificios multifamiliares. Los vecinos de dichos sectores, al ver cómo sus propiedades perdían valor comercial por estar cercanas a estas construcciones, comenzaron a manifestar su disconformidad. Así fue que, argumentando una carencia de los servicios, exigieron a la Municipalidad un mayor control en este tipo de emprendimientos. Una respuesta tardía del municipio fue la eliminación de los premios a las parcelas con superficie menores a los 300 m2, que permitían utilizar indicadores como si las mismas tuvieran esa superficie, y ofrecían la posibilidad de concretar proyectos multifamiliares sin realizar cocheras. 

La situación continuó en estos términos hasta que, hace pocos días, el ejecutivo comunal promovió un ordenanza que suspende por 90 días los emprendimientos constructivos en los barrios Universitario y Napostá. Durante ese lapso, no se recibirá ninguna solicitud para obtener aprobación de anteproyectos, proyectos, permisos de construccción de obras nuevas, modificaciones o demoliciones en los barrios mencionados.

Así, sin atacar el problema de fondo, se busca resolver una situación que amerita, por los menos, otro tipo de actuaciones. En primer lugar se debe estudiar y resolver si realmente existe una deficiencia en la prestación de los servicios básicos -cloacas, agua, electricidad, gas-. Si así fuera, tanto el municipio como la sociedad deben exigir a las empresas prestatarias de los mismos que inviertan en redes y resuelvan tal deficiencia. Ésa es su obligación y no pretender que los vecinos se hagan cargo de tales inversiones. En segundo lugar, se debe actualizar el Código de Edificación de la ciudad, para adecuarlo a los nuevos tiempos y no recurrir permanentemente a "parches" que son pan para hoy y hambre para mañana. Los profesionales del sector, a través de las instituciones que los agrupan, pueden aportar su experiencia para mejorar las normativas vigentes y lograr una ciudad en la que no se detenga el progreso ni se menoscaben los derechos de sus habitantes.

Ing. Ricardo Kloster
Director


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