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::: E D I T O R I A L :::
UNA POLÍTICA DE VIVIENDA
QUE SE MANTENGA EN EL TIEMPO
Periódicamente, y con mayor énfasis durante las campañas electorales, suele ponerse sobre el tapete la falta de una política de vivienda de interés social que permita resolver las necesidades de un importante sector de la población de nuestro país. Especialistas en la materia mencionan que para contener el déficit habitacional actual deberían construirse no menos de 200 mil viviendas al año y que la falta de unidades superaría los tres millones, cifras por demás elocuentes que reflejan que muchos argentinos no cuentan con techo propio.
La década anterior se caracterizó por la carente acción del Estado en la gestión de distintas políticas públicas, en particular, en el área social de la vivienda. En lo que va de la gestión Kirchnerista asistimos a muchos anuncios de obras pero continúa la falta de debate profundo sobre este tema. Si bien durante los últimos años la actividad de la construcción permitió atender algunas necesidades puntuales, es bien cierto que la inexistencia de un crédito hipotecario a tasas y exigencias razonables representó y aún representa un impedimento para muchas familias que deben continuar alquilando o viviendo en condiciones de hacinamiento.
La actual crisis internacional, que ha afectado a nuestro país con mayor intensidad durante el primer semestre del año, ha hecho que se produzca un descenso de la demanda de viviendas terminandas, como consecuencia de las dificultades de los sectores sociales medios para obtenerla en el mercado formal o para resolver las crecientes carencias con recursos propios. Los sectores más postergados, generalmente con ingresos por trabajos informales o "en negro", suelen recurrir a procesos de autoconstrucción, sin contar habitualmente con ningún tipo de asistencia técnica o económica. Estos procesos también son afectados por la crisis, viendo reducidas sus posibilidades al no tener continuidad los ingresos de quienes tratan de lograr, con sus propias manos, un techo propio.
La solución a la problemática del hábitat no debe quedar sometida a las leyes del mercado. El sector público debe asumir su responsabilidad en la definición de las políticas de vivienda. Esta definición debe darse en un contexo de articulación y orientación a todos los actores involucrados, mediante mecanismos de consulta y de promoción de procesos participativos.
El impacto social del problema de la vivienda requiere de políticas activas. La acción del estado debe darse en la búsqueda de tierras aptas para lograr una buena localización, brindando infraestructura y servicios básicos, evitando la especulación inmobiliaria y facilitando los medios de financiamiento adecuado para los sectores de menores recursos, sin desatender los sectores medios.
Estos aspectos deben abordarse desde una perspectiva integral y a largo plazo. Seguramente excederán los tiempos de un solo gobierno, por lo cual se necesitará el debido consenso para evitar que quienes se sucedan en los mandatos gubernamentales hagan, como en el pasado, "borrón y cuenta nueva". Así, sin egoísmos, sentaremos las bases para resolver una problemática que aqueja a gran parte de la población.
Ing. Ricardo Kloster
Director
Obras & Protagonistas WEB
STAFF
EDICIÓN Nº 179 - JULIO 2009