ingresos se gestó una pobreza estructural en el país que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, llevó a que el 14,3% de los 10.075.814 hogares de la Argentina tengan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
En 1991 los hogares NBI eran 16,5%. La producción habitacional durante las décadas del ‘70 y ‘80, con mucho menor alcance en el presente, tuvo como principal promotor y fuente de financiamiento al Estado. Este tipo de producción se realizó bajo la forma de ejecución de grandes conjuntos habitacionales que se emplazaron, como resultado de la especulación inmobiliaria de los oferentes de la tierra, alejados del área central, obligando al Estado a extender la infraestructura hasta los nuevos sectores urbanizados, hecho que valorizó significativamente los terrenos vacantes intermedios.
La apropiación ilegal de tierra pública y privada y su proceso de transformación en asentamientos precarios residenciales fue y es la otra gran forma de producción de suelo urbano, por ser la única vía de acceso a un albergue que encuentra la población de bajos ingresos.
En la mayor parte de los casos los asentamientos permanecen y con el tiempo algunos de ellos llegan a incorporar infraestructura, resolver la situación dominial y consolidar en buena medida sus viviendas. Las modalidades formal o legal, en particular su aplicación en los barrios de planes oficiales e informales comparten, a pesar de sus grandes diferencias en cuanto a modo de producción y niveles de urbanización, características particulares.
En ambos casos, la expansión de la ciudad incluye la construcción de viviendas. En esta operación, el diseño y extensión de las redes de infraestructura y la producción de nuevos equipamientos -soportes indispensables para el desarrollo de la nueva actividad residencial-, aparecen a posteriori, con un implícito reconocimiento del Estado de su propia responsabilidad de dotar de servicios básicos a la población. En ninguno de los dos casos el Estado logra anticiparse a estos hechos y frente a ellos solo ejerce un control débil y poco eficaz sobre las expansiones
La aplicación de una política habitacional estatal, que considere los conceptos de “equidad” e “igualdad”, permitirá adelantarse a los hechos y no actuar sobre los mismos.
La falta de un plan de desarrollo socio-político nacional repercute a la hora de solucionar los problemas habitacionales.
UN POCO DE HISTORIA
Si analizamos los antecedentes que en materia de políticas habitacionales se han llevado a cabo en los últimos 50 años concluimos que los mismos se basaron en copias de planes que dieron buen resultado en otros contextos o desarrollos sociopolíticos.
El plan Eva Perón fue la base de muchos otros planes habitacionales en la Argentina. Este plan de desarrollo tuvo éxito en la década del ‘50 no por casualidad: durante el gobierno peronista (1946-1952) se llevó cabo la construcción de un nuevo país basado en toda una infraestructura como base de la revolución peronista. En materia social, política y económica, ésta fue planificada hasta el más mínimo detalle. La clase trabajadora tenía posibilidades de crecimiento a través de la educación, cultura y salud y, fundamentalmente, la defensa de sus derechos como ciudadanos. El crédito en este período fue muy importante para que familias pudieran acceder a su vivienda propia.
El crédito otorgado proporcionaba el total de la valuación del edificio, más un valor subsidiario del 30% del costo total del terreno y la construcción, con el objeto de facilitar la compra del lote. El interés era bajo y la cuota no podía superar el 30% del salario. Con respecto a los proyectos, se entregaba a los adjudicatarios planos normalizados y se los asesoraba sobre cuestiones diversas. La operatoria fue anulada en 1955.
Más tarde -en 1962- se puso en marcha el Plan Federal de la Vivienda, de financiamiento de unidades habitacionales.
A mediados de 1968 se creó el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), que proponía la promoción social, la construcción y el financiamiento de viviendas, tendiente a la solución del problema habitacional y a la erradicación de villas de emergencia.
Entre 1973 y 1976 el plan pasó a denominarse Alborada. Este Plan se dirigía a los grupos de menor nivel de ingresos, que podían recibir préstamos para adquirir viviendas en conjuntos habitacionales cuya construcción era promovida por el Estado, mediante contrato con empresas privadas. A partir de los conflictos suscitados en las políticas de erradicación, el gobierno peronista propuso la transformación de las villas de emergencia en núcleos habitacionales modernos. En 1973, con algunas modificaciones, el plan continuó con el nombre de Plan 17 de Octubre. En 1976 paso a denominarse Plan 25 de Mayo.
FUNDAMENTOS TEóRICOS
Actualmente las ciudades modernas están deteriorando sus perfiles por falta de principios rectores. Se debe tener en cuenta que ningún principio surgirá en tanto los procesos de diseño o planeamiento y control se realicen sin una toma de conciencia de las nuevas realidades.
La planificación es un componente del proceso de gestión, entendiendo por gestión la conducción de funcionamiento y desarrollo de un sistema.
La formación de capital social es fundamental para forjar buenas bases ciudadanas y esto se logra a través del desarrollo de la educación y cultura, para que los ciudadanos sepan que tienen derecho a elegir a ser elegidos, a tener un trabajo y una vivienda digna y, fundamentalmente, derecho a crecer con dignidad.
Este tema es sumamente abarcativo, no sólo se basa en una acción política de planes de viviendas para réditos políticos de un partido. Deben tenerse en cuenta las experiencias ya realizadas en nuestro país con muy poco éxito.
La planificación, bajo el enfoque estratégico, debe ser concebida como un proceso mediante el cual se analizan y procesan la información de su entorno interno y externo, evaluando las diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoría organizacional, con el fin de prever y decidir sobre la direccionalidad futura.
La planificación es un componente del proceso de gestión, entendiendo por gestión la conducción de funcionamiento y desarrollo de un sistema
El reconocimiento de la centralidad de cultura permite abrir nuevas vertientes en la construcción de nuevas alternativas populares, en la formación de capital social.
El estado debe ser el principal involucrado en estas acciones, dejando de lado su rol benefactor para pasar a desempeñar un rol de gestión y capacitación de capital social, regulado por entidades intermedias como los “Organismos no Gubernamentales” (O.N.G), Colegios Profesionales de todas las ramas, etc.
La participación y los mecanismos de concertación constituyen un lugar común el los procesos del hábitat. En la actualidad, si analizamos el abanico de programas de producción de soluciones habitacionales y culturales, vemos que la mayoría de los proyectos se definen sin la participación de los interesados.
El ser urbano o suburbano tiene un costo de erogaciones por pertenecer a un grupo determinado de sociedad; además cada núcleo familiar va tratar de escalar esta pirámide social si las condiciones son las adecuadas, para satisfacer sus metas personales.
Ahora bien, hoy en día se habla de que no queremos una exclusión social, pero la integración que los estados ponen en práctica como el actual Plan Federal no es un desarrollo serio de las problemáticas sociales y van en camino a nuevo fracaso.
La idea del estado benefactor no es solución a ninguna de las problemáticas de familias excluidas, solo provoca más excluidos del sistema.
Las producción de viviendas debe ser realizada por la Autogestión de ser urbano, suburbano y regional, sin perder una idea de integración internacional.
Ya no hay mucho tiempo para actuar y menos para actuar sin pensar, porque las consecuencias las vemos cada día.n
