espués de varios años en los que el sector de la construcción atravesó por períodos de actividad como pocas veces recordamos, vemos con preocupación que ese movimiento virtuoso de empleo, generado por la denominada “madre de industrias” lentamente tiende a desacelerarse.

Atrás dejamos niveles de actividad casi frenéticos y los reclamos de vecinos disconformes ante el avance avasallante de emprendimientos constructivos de todo tipo, quienes escudándose en una deficiente provisión de servicios también resistían los cambios morfológios generados en sus barrios debido a las nuevas construcciones, interponiendo recursos de amparo y medidas cautelares que detuvieron, en algunos sectores, la posibilidad de erigir nuevos proyectos.

Este “freno” produjo, en muchos casos, un escenario de incertidumbre que, sumado a condiciones económicas no del todo favorables, desalienta a aquellos que desean invertir en el sector. Es aquí cuándo la voz de los que dirigen las instituciones que representan a los profesionales de la construcción debe hacerse oír con más fuerza, emitiendo un mensaje claro y preciso.

Los códigos de Planeamiento Urbano que regulan el crecimiento de las ciudades seguramente son perfectibles y merecen una revisión continua, para que existan reglas claras de estricto cumplimiento para los profesionales con incumbencias en el proyecto de obras. Esta normativa debe evitar, también, caer en generalidades que dejen de lado el desarrollo de áreas con particularidades especiales, que suelen existir en casi todas las ciudades. Los “parches” que se generan al aplicar amparos o resoluciones judiciales, sin la debida fundamentación técnica, y con el solo fin de acallar las voces de algunos vecinos que se resisten a los nuevos tiempos, suelen contraponerse con la necesaria y continua modificación que se produce en las ciudades en crecimiento.

Hoy, la industria de la construcción atraviesa por una situación difícil y la falta de reglas claras contribuye al desaceleramiento de la actividad, resultando inaceptable que en muchas áreas de nuestra ciudad no se acepten ningún tipo de construcciones.

El estado debe estar presente realizando las obras de infraestructura necesarias y controlando que las empresas brinden los servicios básicos en forma eficiente. A su vez, las instituciones que representan al sector de la construcción y sus profesionales deben trabajar unidas, buscando recuperar el protagonismo perdido y reclamando un rol consultivo activo, para que las decisiones que tome el sector político sean en pos de lograr el bien de la comunidad y no respondan solamente al “humor” de unos pocos vecinos.