pocos días de haberse cumplido un año del accidente ferroviario en la terminal de Once, que dejara el lamentable saldo de 51 personas fallecidas y más de 700 heridas, más allá de discursos oficialistas y reclamos oportunistas, creemos que debe tomarse, de una vez por todas, decisiones concretas desde el estado para que este sistema de transporte, de sobrada eficacia y economía, vuelva a tener el lugar que merece y que una gran mayoría del pueblo desea.

El grave hecho producido el 22 de febrero de 2012 debe ser un hito de cambio, que sincere al gobierno de innumerables promesas vacías y permita iniciar una planificación seria y confiable, luego de décadas de postergación y olvido.

La utilización de este sistema de transporte en las grandes ciudades es una necesidad cotidiana. Desde el estado, y desde el inicio de la gestión kirchnerista, se decidió congelar las tarifas, tanto de trenes como de subtes y colectivos, a través de subsidios que no fueron debidamente controlados y sin una intervención en el diseño de los servicios.

Y aquí radica la principal crítica a esa gestión: la ausencia de una adecuada política de transporte. Se sospecha de manejos corruptos, con connivencia de algún sector del gobierno con empresas o empresarios concesionarios y sindicatos, sin que los continuos reclamos de los usuarios fueran escuchados hasta que se produjo el lamentable y triste accidente de Once. Una tragedia que podría haberse evitado si todos los actores involucrados hubiesen actuado con responsabilidad.

En la actualidad el sistema de transporte es objeto de discusión en la agenda pública. Desde la politización que trajo aparejada el traspaso jurisdiccional de los subtes, de la nación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hasta anuncios de inversiones en infraestructura y parque rodante para el ferrocarril. Sin embargo, no encontramos en la actual gestión una auténtica autocrítica que permita asumir responsabilidades y debatir en serio qué tipo de sistema de transporte necesitamos, ya sea para las grandes ciudades como para los pueblos del interior del país.

Se demandan soluciones nuevas, con una fuerte intervención estatal, que permita que el ferrocarril controle la gran expansión que ha tenido durante los últimos tiempos el uso del automóvil, con todos los inconvenientes que ésto conlleva. Reconstruir un sistema ferroviario público confiable y eficaz, con trabajo e ingeniería nacional, que vuelva a ser puente de unidad territorial, es el gran desafío que debemos asumir como país.