El sitio de la construcción del sur argentino

Mayo 2013 - Año XXIII
Editorial

Costos y beneficios de una estrategia arriesgada

Ing. Ricardo R. Kloster - Director
E

l mercado cambiario ha sido objeto de numerosos análisis durante las últimas semanas, debido a la ampliación de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el informal o “blue”. Economistas reconocidos, muchos de ellos con activa participación en gestiones que han tenido dificultades en esta área y otros que desde años brindan pronósticos agoreros, han tenido amplio espacio para brindar sus fundamentos, mientras gran parte de la población vive día a día tratando con preocupaciones más cotidianas. La cotización del dólar “paralelo” se muestra en las pantallas de televisión, por estos días, con números tamaño catástrofe como en otras épocas se mostraban los del riesgo país.

Para hacer frente a este desfasaje, y manifestando la voluntad de no liquidar reservas para sostener el mercado cambiario, el gobierno actual ha impulsado la creación de los Certificados de Depósitos para Inversión (Cedin) que, en la práctica, es un triunfo de la dolarización de esa actividad sobre el voluntarismo político de su pesificación. La carencia de instrumentos financieros específicos diseñados por el gobierno luego de disponer un nuevo sistema de acceso a la moneda extranjera y el nulo interés de los protagonistas del mercado inmobiliario en pasar a pesos sus activos ha obligado a la gestión actual a buscar medidas que eviten la fuga de divisas.

El proyecto de ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior tiene como objetivo principal operar sobre la contracción del mercado inmobiliario y su transmisión en la reducción de la actividad de la construcción. Según voceros de estos sectores, que se verían beneficiados por la creación de estos bonos, la reactivación que podría producir tendría sólo un efecto limitado y concentrado, y no contribuiría a resolver el principal problema que se provocó a partir del cepo cambiario y que generó un desencuentro entre el valor pretendido de la oferta inmobiliaria y el efectivamente dispuesto a pagar por la demanda, considerablemente más bajo.

Los riesgos de impulsar esta nuevas medidas son altos. En primer lugar, beneficia a quienes evadieron y convirtieron esos fondos en dólares y pareciera estar destinada a quienes menos quieren a este gobierno. Les ofrece el blanqueo más atractivo conocido hasta ahora a actores económicos que rechazan la política oficial, un sector influyente y con elevada capacidad patrimonial, que no siente vocación por las mejoras de los estratos más postergados de la población. Además, la amplitud de la convocatoria deberá estar lo suficientemente regulada para que no recepcione dineros provenientes de operaciones delictivas. Si bien existen restricciones legales para funcionarios, personas imputadas, procesadas o condenadas, es bien cierto que no todos los delincuentes se encuentran sometidos al sistema judicial y esta medida no tiene que acogerlos.

La aprobación de este proyecto de ley llevará un tiempo, la suscripción de los interesados a la misma otro más y el impacto real será poco efectivo durante este año y quizás nulo antes de las próximas elecciones. Como todo en política, por sus resultados serán juzgadas estas mediadas, controvertidas por cierto, que buscan paliar dificultades coyunturales y retomar la iniciativa del gobierno en la marcha de la economía del país.

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